El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, explicó en los estudios de TVPerú Noticias las medidas de su sector incluidas en el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República.
Belaúnde Llosa señaló que el paquete de seguridad ciudadana está compuesto por temas del sector Justicia, la Policía Nacional y algunos aspectos del sector Defensa, aunque este último tiene un rol en casi todo.
Detalló que una parte del paquete está relacionada con la seguridad en las zonas limítrofes, por lo que se busca tener una acción militar mucho más decidida.
Esto, según explicó, responde a la presencia de grupos y organizaciones criminales que operan en los límites del país, como Los Choneros de Ecuador, la disidencia de las FARC, que opera en el río Putumayo, y el Comando Vermelho, en la provincia de Mariscal Castilla, en la frontera con Brasil. En el ámbito interno, señaló que también operan organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y Los Gallegos.
Explicó que una de las medidas del Gobierno busca ampliar el criterio para denominar a las bandas criminales como grupos hostiles, de modo que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra ellos como objetivos militares.
“Hoy eso está muy restringido. Solamente los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM y la disidencia de las FARC en el Putumayo son grupos hostiles”, indicó.
En ese sentido, apuntó que estas organizaciones utilizan armamento de guerra y explosivos contra la población civil. “Necesitamos que el Estado esté en condiciones de responder con esa misma capacidad de fuego”, sostuvo.
Señaló que ello permitiría a las FF. AA., en el área urbana, desplegar inteligencia militar, conducir operaciones y ejecutar acciones “más quirúrgicas” a partir de información operativa, con el objetivo de identificar a estas organizaciones y actuar contra ellas.
SEGURIDAD EN LOS PENALES
Por otra parte, el ministro Belaúnde Llosa advirtió sobre la necesidad de recuperar el orden en los penales, al haberse identificado que desde su interior se realizan llamadas extorsivas. No obstante, precisó que las Fuerzas Armadas están impedidas por ley de asumir la custodia de población civil, debido a los tratados internacionales suscritos por el Perú.
Detalló que las FF. AA., como parte de sus funciones, van a establecer retenes militares y utilizar escáneres corporales, similares a los empleados en los aeropuertos, que permitan detectar objetos adheridos al cuerpo u ocultos en cavidades corporales.
“Por ahí van a tener que pasar todos: personal del INPE, administrativos, abogados, visitantes, proveedores de los penales que llevan los alimentos, vehículos. Es decir, nada ingresa al penal si no pasa previamente por este retén”, remarcó.
Señaló que, debido a la demora en la compra de estos productos, la presidente Fujimori ha dispuesto que los dos escáneres corporales que están en Palacio de Gobierno sean trasladados inicialmente para cumplir esta función en el penal Ancón I.
Explicó que, por ejemplo, el penal Ancón I, que recibe casi 500 visitas diarias, contará con dos escáneres corporales, un detector de metales y dos escáneres de paquetes.
Añadió que se implementará un retén que iniciará sus labores desde las 5:00 a. m. Ante la detección de algún elemento sospechoso, la persona será trasladada a un ambiente que se encuentra en construcción, donde personal especializado realizará la inspección correspondiente. Si se identifica algún objeto extraño, se procederá con la revisión respectiva; de lo contrario, deberá pasar nuevamente por el escáner.
Además, señaló que contarán con personal militar realizando pruebas con un teléfono para verificar si los bloqueadores están funcionando. Estos retenes funcionarán de manera permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Los retenes se incorporarán progresivamente en todos los penales del país, comenzando con un primer lote de cinco establecimientos calificados como de alta peligrosidad, según informes de inteligencia.
FF. AA. ACOMPAÑARÁN A LA POLICÍA NACIONAL
En otro momento, el titular del Mindef explicó que las Fuerzas Armadas acompañarán a la Policía durante los patrullajes para establecer perímetros y ubicar a extranjeros en situación irregular que ingresen ilegalmente al país y estén involucrados en delitos como extorsión, sicariato o delincuencia. Precisó que serán ubicados y expulsados del Perú.
Asimismo, puntualizó que el pedido de facultades busca ampliar dichos plazos para facilitar la expulsión de delincuentes, al considerar que la legislación vigente es muy restrictiva y establece plazos demasiado acotados.
En ese contexto, señaló que se viene acondicionando un centro de retención en la ex Escuela de Blindados del Ejército, ubicada en Ancón, para albergar a ilegales antes de la expulsión.
“Vamos a un distrito, se establece un perímetro. Los indocumentados que han venido a trabajar no son los objetivos de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos tras los que han venido a generar problemas. A esos los vamos a capturar”, mencionó.
Finalmente, precisó que los extranjeros en situación irregular serán expulsados en grupos de entre 50 y 100 personas, a bordo de aeronaves de la Fuerza Aérea.
