El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, puso en marcha la campaña Justicia Móvil-Servicios sin barreras, que brindará orientación y patrocinio legal, así como servicios registrales y notariales, a personas privadas de su libertad.
En diálogo con TVPerú Noticias, Jiménez Borra brindó detalles sobre esta iniciativa, oficializada hoy mediante una resolución ministerial.
«Esta iniciativa nació el Día de la Madre, cuando llegué al penal Santa Mónica y, al conversar con las internas, advertí que muchas no contaban con abogados. (…) La Defensa Pública atiende a todos los establecimientos penitenciarios y requiere una estrategia definida e información clara para avanzar. Por ello nace Justicia Móvil, una campaña que articula el trabajo de la Defensa Pública, la Sunat y el Consejo del Notariado para brindar una atención integral», sostuvo.
PLAN DE DESHACINAMIENTO MÁS ALLÁ DE LA INFRAESTRUCTURA
Por otra parte, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) hizo hincapié en el grave problema de hacinamiento penitenciario, que, dijo, debe abordarse no solo con la ampliación y construcción de penales.
«Hay que tomar medidas distintas. Por ello, hemos iniciado un Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario que no solo contempla mejorar la infraestructura, sino también revisar caso por caso y expediente por expediente. Existen personas que ya cumplieron sus penas, pero permanecen por trabas burocráticas, problemas con evaluaciones psicológicas o situaciones relacionadas con omisión de asistencia familiar», señaló.
En ese sentido, agregó: «Lo que estamos intentando hacer, quizá de manera audaz, es evaluar alternativas para los internos de menor peligrosidad, con sentencias menores o por delitos culposos. No hablamos de homicidas, sicarios y extorsionadores, sino de personas que no representan un alto riesgo, para buscar acelerar su egreso o aplicar medidas alternativas como grilletes electrónicos o arresto domiciliario».
“BUSCAMOS SEGREGAR”
Según indicó Jiménez Borra, con una adecuada articulación con el Poder Judicial (PJ), podrían reducir hasta en 25 000 internos la actual población penitenciaria.
Finalmente, el ministro de Justicia afirmó que estos avances permitirán que la próxima gestión cuente con más herramientas para dar solución a esta problemática.
«Los internos también son personas. Lo que estamos haciendo es segregar, porque no todos se encuentran en la misma situación, ni están privados de libertad por las mismas razones o tienen las mismas conductas. El Perú no es El Salvador; nuestro país tiene una realidad y una complejidad propias», concluyó.
