El juez supremo Víctor Antonio Castillo León destacó la importancia de la herramienta jurídica de extinción de dominio frente a la complejidad de las economías criminales que destruyen nuestro medio ambiente y vulneran la institucionalidad.
“La extinción de dominio constituye un mecanismo esencial de defensa de la soberanía ecológica y social del Perú, frente al poder económico de las mafias organizadas”, afirmó.
Fue al inaugurar, en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, el seminario descentralizado «La extinción de dominio en la lucha contra los delitos ambientales y el crimen organizado», con lo cual se dio inició a las actividades por el Día del Juez y la Jueza de la institución judicial.
Esta actividad académica, promovida por el Subsistema Especializado en Extinción de Dominio con apoyo de la Unión Europea, cuenta con la participación de jueces supremos, y de otras instancias, así como personal jurisdiccional
EXTINCIÓN DE DOMINIO PARALIZA MAFIAS
Castillo León, quien es presidente la comisión celebratoria de El Día del Juez y de la Jueza, señaló que, en los delitos ambientales, como la minería ilegal, tala ilegal y tráfico de fauna silvestre, la eficacia de la extinción de dominio radica en desmantelar las estructuras financieras que alimentan e incentivan el ilícito.
“Es que, sin logística ni capital de trabajo, la organización criminal queda paralizada”, refirió el también presidente de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
Explicó que la criminalidad compleja no se detiene al encarcelar a los operarios operativos o mandos medios, sino al quebrar el flujo ilícito económico y con extirpar directamente el motor logístico del delito: bienes, maquinarias, dragas, vehículos pesados y cuentas bancarias de empresas fachada.
“Este mecanismo de extinción de dominio es una necesidad imperativa en tiempos donde la criminalidad organizada y la degradación de nuestros ecosistemas a través de ilícitos ambientales amenazan las bases mismas de nuestra convivencia y la viabilidad del futuro de nuestra nación”, indicó.
Sobre la extinción de dominio, el magistrado recalcó que, a lo largo de estos años, ha alcanzado un importante grado de madurez institucional y desarrollo dogmático, consolidándose como un mecanismo fundamental de control social, plenamente compatible y respaldado por el orden constitucional.
“Si bien el derecho de propiedad goza de protección constitucional y es inviolable, su ejercicio solo merece tutela cuando se adquiere y ejerce legítimamente, en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley”, expresó.
En ese contexto, sostuvo que los bienes, activos y riquezas de origen o destinación ilícita, obtenidos a costa del grave daño ocasionado al ambiente y mediante actividades vinculadas al crimen organizado, carecen de protección jurídica.
“En consecuencia, corresponde que dichos bienes sean incorporados al patrimonio del Estado, a fin de garantizar que sean destinados al interés público y evitar que continúen circulando o siendo utilizados para fortalecer las estructuras o economías delictivas”, dijo.
