El expresidente boliviano Evo Morales rechazó este jueves una denuncia penal que lo acusa de “terrorismo” y “alzamiento armado” por liderar protestas contra el Gobierno, que desabastecieron a varias ciudades de Bolivia recientemente.
El Comité Cívico de Santa Cruz, integrado por empresarios y líderes civiles de derecha, presentó el miércoles ante la Fiscalía dicha acusación contra Morales, el dirigente obrero Mario Argollo y el dirigente indígena Vicente Salazar, a quienes acusan de haber causado un perjuicio económico al país debido a los bloqueos.
Para el sindicalista cocalero, el comité no tiene “ninguna autoridad para hablar de bloqueos”, ya que —según afirmó— sus integrantes también habrían promovido cortes de rutas en el pasado, como en 2019, cuando impulsaron su renuncia tras las elecciones en las que fue acusado de fraude.
“Procesos ha habido tantos… y les he ganado a todos”, señaló Morales este jueves en rueda de prensa, tras conocerse la denuncia presentada en su contra.
El abogado de los denunciantes, Diego Coimbra, informó que la denuncia contra Morales y otros dirigentes también solicita su detención por presunto riesgo de fuga y posible obstaculización de las investigaciones.
CRISIS BOLIVIANA BAJO LA SOMBRA DE MORALES
En mayo y junio, Bolivia vivió siete semanas de protestas y bloqueos contra el gobierno de Rodrigo Paz, en medio de la peor crisis económica en 40 años. Las movilizaciones paralizaron carreteras y ciudades, generando escasez de alimentos, medicinas y combustibles.
La Paz, El Alto y otras regiones fueron las más afectadas por los cortes, lo que agravó el desabastecimiento. Ante la crisis, el Gobierno declaró el estado de excepción, con el que logró frenar las protestas.
El Ejecutivo responsabilizó a Evo Morales de financiar las movilizaciones con recursos del narcotráfico, aunque no presentó pruebas. Además, anunció que buscará recuperar territorios bajo influencia de organizaciones sociales, como el Chapare.
Morales permanece en el Chapare desde fines de 2024, en condición de prófugo de la justicia. Sobre él pesa una orden de captura por presunta trata de una menor, acusación que rechaza y califica como persecución política.
(Con información e imágenes de AFP).
